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Exoneración de arbitrios salpica la gestión de Ramón Ramírez en la Junta Municipal

Escrito por REDACCIÓN BÁVARONEWS.

Exoneración de arbitrios salpica la gestión de Ramón Ramírez en la Junta Municipal

Verón. Un nuevo escándalo vuelve a salpicar la gestión encabezada por el director municipal de Verón-Punta Cana, Ramón Ramírez (Manolito), luego de que el mismo titular de la Junta Distrital, sin consultar siquiera a la Junta de Vocales, autorizara la exoneración del pago de impuestos a una empresa que pretende expandir sus negocios en esta zona turística.

La compañía beneficiada por esta exoneración es Sherlocker Development Services, propiedad del empresario Alberto Abreu, de quien se dice fue un importante contribuyente de la campaña electoral que dio al traste con la victoria de Ramírez para dirigir la Junta Municipal de este Distrito Turístico.

El señor Abreu, propietario de la popular discoteca el Kan Drink House, ubicada en la avenida España de esta localidad, se evitó de esta forma pagar el arbitrio municipal ascendente a 317 mil 451.75 pesos, como requisito contentivo de la solicitud de instalar en la avenida Estados Unidos del sector El Ejecutivo su proyecto de depósito Sherlocker Development Services.

La orden, puño y letra de Ramírez, para que Abreu no pagara esa suma de dinero está escrita en una breve misiva dirigida “a quien pueda interesar”, fechada el 30 de mayo de este año.

La autorización de Ramírez no contempla ningún tipo de motivación ni explica las razones que justifican esta ilegalidad. Lo que sí deja claro es su voto positivo para que a la empresa se le otorgue “la exoneración de los impuestos” por la cantidad de dinero más arriba detallada.

Sin embargo, Abreu no pudo librarse del pago por ese mismo concepto al Ayuntamiento de Higüey, por la suma de 320 mil 451.75 pesos. Esta suma fue honrada por este empresario a través del Departamento de Planeamiento Urbano de ese cabildo.

Es decir, en total, Abreu debía pagar 637 mil 903.5 pesos, pero por la exoneración que de manera personal le hizo Ramírez, entonces el próspero empresario solamente cumplió con la primera mitad del pago, que hizo en Higüey.

Según consta en un documento suministrado al BávaroNews, el cheque por la suma de 320 mil 451.75 pesos fue emitido el 25 de mayo del 2017, cinco días antes de la orden que dio Ramírez para que en la Junta Municipal se le exonerara el pago correspondiente a esta demarcación.

La empresa Depósito Sherlocker Development Services SRL aparece en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) con el Registro Nacional de Contribuyente (RNC) número 130-267642, el mismo que figura en el cheque que esta empresa pagó al Ayuntamiento de Higüey.

Su fecha de registro es 14 de junio del 2006, y su domicilio aparece con la dirección de La Otra Banda, kilómetro 5, con el teléfono de oficina 809-551-1200. Esta empresa se dedica a la venta y distribución de productos diversos de artesanía dominicana.

Este medio llamó a ese número para comprobar la vigencia de las operaciones en este distrito municipal. La llamada la tomó un empleado que confirmó que el dueño de la empresa es Alberto Abreu, pero que había decidido trasladarse a Plaza Bávaro, en este polo turístico, y que en La Otra Banda sólo funcionaba el depósito, aunque no la parte administrativa.

En este local funcionaba la empresa favorecida por la Junta Municipal, ubicado en el kilómetro 5 de La Otra Banda.

Inexplicable

Las declaraciones del presidente de la Junta de Vocales de la Junta Municipal Verón-Punta Cana, Miguel Carpio, revalidan la versión de que Ramírez autorizó unilateralmente dicha exoneración, sin consultar previamente a ese órgano.

“En lo que respecta a nosotros, como concejo de vocales, no ha llegado todavía de forma personal ninguna solicitud. Por lo tanto, no tengo conocimiento y no creo que exista cierta exoneración, porque hasta que no sea otorgada por la Sala Capitular, a través de los procedimientos correspondientes, esto no sería posible”, señaló.

Carpio sostuvo que la Junta Municipal de Verón-Punta Cana no está facultada para otorgar este tipo de exoneraciones sin la aprobación de la Junta de Vocales. Reiteró que el organismo que representa no tiene conocimiento del caso específico de la empresa Sherlocker Development Services.

Sin embargo, destacó que de haber ocurrido está acción sin la aprobación de la Junta de Vocales, los integrantes de esta instancia iniciarán las averiguaciones correspondientes y aplicarán las sanciones que establece la ley en estos casos.

Ilegalidad

Carlos Pimentel entiende que el director municipal está obligado a proteger el patrimonio públicoEste medio consultó al director del capítulo Transparencia del movimiento cívico Participación Ciudadana, Carlos Pimentel, respecto al proceder de Ramírez, y dijo que la Junta Municipal de Verón-Punta Cana incurre en una ilegalidad al exonerar a Sherlocker Development Services SRL del pago de impuestos por concepto de uso de suelo.

“Y más grave aún, realizarlo vía una comunicación firmada por el director municipal sin ninguna validez y sin pasar por la Junta de Vocales, que es quien tiene funciones normativas, reglamentarias y de fiscalización. El director sólo actúa como órgano ejecutivo”, sostuvo Pimentel.

Señala que, de todos modos, la Junta de Vocales tampoco está facultada para validar alguna disposición dirigida a eximir del pago de arbitrios a ningún particular o entidad de que se trate. Para sustentar sus argumentos, Pimentel refiere lo establecido en el artículo 209 de la Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios.

El artículo citado por el activista ciudadano apunta que “los ayuntamientos no podrán acordar resolución alguna que exonere a los rematantes de la obligación de sufragar los gastos de explotación de los proventos, tales como salarios de empleados, mantenimiento, adecuación y reparación de locales, aun cuando éstos sean de propiedad municipal y cualesquier otros, así como los gastos para la formalización del remate, salvo la publicación de los avisos de subasta”.

Señala que, además, el artículo 82 de esta ley establece las atribuciones y limitaciones del director o directora municipal y vocales del Distrito Municipal, entre ellas la contenida en el literal “b”, que prohíbe a estas demarcaciones “apropiar y enajenar bajo cualquier forma bienes municipales sin importar su naturaleza”.

Por esta razón, Pimentel entiende que “es una limitación y prohibición para los directores municipales vender, donar o ceder el derecho o el dominio que se tiene sobre un bien o una propiedad”.

Apunta que “la imposición, ordenación y modificación de tributos se debe realizar mediante ordenanzas donde se acuerda la imposición, ordenación y regulación de los arbitrios propios”.

Considera que con base a la ley esas ordenanzas contendrán, al menos, “la determinación del hecho imponible, sujeto pasivo, exenciones, reducciones y bonificaciones, base imponible y liquidable, tipo de gravamen o cuota tributaria y período impositivo”.

Por todo esto, Pimentel recuerda que como el Distrito Municipal Verón-Punta Cana, tiene personería jurídica de Derecho Público, “debe ser responsable en sus actuaciones, protegiendo el patrimonio público y hacer valer la potestad normativa, administrativa y de uso de suelo”.

Mal precedente

Key Carpio dijo que investigará el privilegio otorgado a la empresa Sherlocker Development ServicesHace apenas unos meses, Ramírez se vio envuelto en otro escándalo de mal manejo en sus atribuciones como director municipal, tras atreverse a rebasar los límites que la propia ley le confiere a sus funciones.

En esa ocasión, también fueron favorecidas empresas con domicilio local que ganaron un supuesto concurso de oposición para adjudicarles obras que se pretenden construir en esta comunidad, entre ellas el cementerio municipal.

BávaroNews fue insistente pidiéndole a Ramírez que publicara el listado de las demás empresas que compitieron frente a las que, de buenas a primeras, la Junta Municipal declaró como ganadoras. De esta forma, el ejecutivo municipal probaría que no fueron concesiones hechas “grado a grado”, sin que mediara una convocatoria previa, como manda la Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.

Ramírez nunca ofreció este dato y rehusó cumplir con el mandato legal de dar a conocer las empresas participantes en un proceso de esta naturaleza. Su argumento de defensa para justificar esta irregularidad versó en torno a tecnicismos que en poco o nada lo ayudaron a explicar esa madeja.   

Ramírez decía que no se hizo una convocatoria de licitación pública, porque los montos de la obra no eran superiores a los que establece la Ley 340-06 para que se hiciera una convocatoria de licitación pública e un medio de circulación nacional. En ese momento, cuando se le requirió el dato, indicó que ninguna de las obras adjudicadas excedía los 322 millones de pesos, y que por esta razón la Junta Municipal se acogió a la modalidad de comparación de precios, también contemplada en la Ley 340-06.

Pero esta evasiva no fue suficiente para dejar convencida a la comunidad, que todavía sigue esperando el nombre de todas las empresas que participaron en el supuesto concurso para optar por la construcción de obras municipales.

Esto así, debido a que la modalidad de comparación de precios se rige por un Manual de Procedimiento, que en el apartado 03.01establece que “la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones (en este caso de la Junta Municipal) debe proceder a realizar una amplia convocatoria a través del portal institucional”, a los fines de mover el interés del mayor número de oferentes.

Esto indica que la comparación de precios, igual que el resto de las modalidades contempladas por la Ley 340-06, igualmente exige una “amplia convocatoria”, que deberá hacerse a través del portal institucional de la entidad ofertante. Y esto fue lo que nunca hizo la Junta Municipal, simplemente porque Ramírez se negó a cumplir con esta exigencia de transparencia en su gestión.

El acápite “d” del artículo 82 de la Ley 176-07 fue asimismo violentado por esa Junta Municipal, porque dentro de las excepciones a las atribuciones de esa entidad figura abstenerse de no “autorizar el inicio de contrataciones en lo referente a licitaciones y concesiones de conformidad con ley que regula la materia”, sin la venia del Consejo de Regidores, que es un organismo exclusivo del Ayuntamiento cabecera.