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Licitaciones municipales, obligadas a cumplir parámetros que demuestren su transparencia

Escrito por Julio González jgonzalez@editorabavaro.com.

No publicar en los medios de difusión los procesos de licitación constituye una violación a lo dispuesto en la Ley 340.

Verón.  Uno de los temas que más preocupa a los ciudadanos en la gestión pública de los gobernantes, es la licitación de obras que cumplan con los requisitos y parámetros que exige la legislación que rige la materia.

Las instituciones del Estado, entre ellas las alcadías, deben adoptar una serie de medidas jurídicas que permitan dar cumplimiento a disposiciones en cuanto a construcción de obras se refiere.

Carlos Pimentel, encargado del Programa de Transparencia de Participación Ciudadana, Capitulo Transparencia Internacional en la República Dominicana, sostuvo que el primer paso legal que debe dar un gobierno municipal es la publicación de los procesos de contratación en los medios de comunicación social, lo que garantiza principios como la igualdad y la libre competencia entre los oferentes participantes.

Carlos Pimentel, encargado del Programa de Transparencia de Participación Ciudadana Capitulo Transparencia Internacional en la República Dominicana.“Es muy importante que, además, se incluya un gran número de participación de personas naturales y jurídicas que puedan tener accionar en el proceso. La Ley 340 establece que la Dirección General de Compras y Contrataciones es el órgano responsable de implementar todas las políticas y manuales en el área de licitación”, explicó Pimentel.

A juicio de Pimentel, si una alcaldía no cumple con estas disposiciones, la Ley 340 refiere una serie de recursos que indicaría diversas sanciones, así como prevé la impugnación por parte de los oferentes que participaron en el proceso. 

No obstante, el texto jurídico señala prohibiciones en el desarrollo de contrataciones, tales como: recibir dádivas, comisiones y regalías, porque de no cumplirse se estaría constituyendo en actos de corrupción.

“Obviamente existen vías penales para la sanción de irregularidades, con penas de tres meses a dos años y pago de multas. Para el caso de funcionarios públicos puede incluir hasta la suspensión de sueldos, sometimiento a la justica, procesos administrativos y el despido”, enfatizó Pimentel.

En este sentido, consideró que en República Dominicana las contrariedades en el proceso de contrataciones sean de servicios o de obras, representan una de las áreas de mayores niveles de riesgo de corrupción e incumplimiento de la normativa. Subrayó que en las alcadías el riesgo es significativo, puesto que los niveles de supervisión son más limitados, aunado a las debilidades institucionales.

“Lamentablemente, para estos casos hay una alta impunidad en el país. Desde mi perspectiva, las alcadías son los entes del Estado dominicano que presentan más bajo cumplimiento de la ley que rige la materia. Los órganos rectores de la contraloría no tienen las capacidades técnicas ni presupuestarias para hacer un seguimiento más estricto a estas instancias municipales”, cuestionó el abogado especializado en temas de corrupción.

Asimismo, Pimentel precisó que uno de los factores para que se den las condiciones de irregularidades es el clientelismo que tanto daño le hace a la labor de transparencia en el ejercicio de control de los entes del Estado. “Me atrevería a decir que casi todas las alcadías están en situación por el bajo cumplimiento de la ley, porque son otras características las que terminan predominando y no las establecidas en la norma”, apuntó.

Desde la Junta Municipal dicen que solo se publican las ofertas de licitaciones en la web de Compras Dominicanas

En Verón-Punta Cana

De acuerdo con el director distrital de Verón-Punta Cana, Ramón Antonio Ramírez (Manolito), las obras que ejecuta este organismo público en esta jurisdicción son financiadas con recursos propios, que a medida que van ingresando hacen los desembolsos necesarios.

“A los suplidores según la licitación se les estipuló un tiempo de pago. Todo aquel que ha ganado su licitación sabe que el contrato contiene estos acuerdos y nosotros hemos proyectado todo para que no quede ningún tipo de deudas”, explicó.

Realtó que parte de esas obras que actualmente desarrolla la Junta Municipal con recursos propios, incluyen la Casa de la Cultura, Delegación Bávaro; la subestación de bomberos de Verón, Parque Casa Comunal del sector Villa La Fe, el Cementerio de Verón, entre otras a las que considera de menor rango.

Ramírez señaló que hay algunos trabajos como el bacheo del cruce de Cabeza de Toro, que el Gobierno nacional hizo el envío del asfalto y la Junta Municipal colocó los equipos necesarios para tal fin.

“Ahora nosotros vamos a iniciar el bacheo desde Cañada Honda hasta Macao, para evitar accidentes. Por ejemplo, en este tema del asfaltado, hay partes que son combinadas, porque el Gobierno central nos envía el asfalto y nosotros hacemos la colocación de la maquinaria para la ejecución de estos trabajos”, presisó.

Al respecto, el director distrital Verón-Punta Cana puntualizó que las licitaciones se ofertan en la página web de Compras Dominicanas, de acuerdo a la Ley 340 sobre Compras y Contrataciones y se realizan los procedimientos correspondientes.

“Eso dura un tiempo prudente, como nos indica la ley, y luego, cuando la empresa cumpla y nos haga la propuesta basada en precio-calidad, entonces es que actúa un equipo conformado por ley para adjudicar las obras. Todas las empresas que han ganado son diferentes”, dijo.

El asesor jurídico de la Junta Distrital, Luís Manuel del Río, acotó que los trabajos sometidos a licitación son los que se encuentran aprobados y presupuestados en base a lo establecido en el Decreto 15-17, que refiere una serie de normas para el cumplimiento y control del gasto público. Es decir, que una obra se ejecutará con fondos debidamente aprobados y con sus contratos en regla.

Afirmó que una de las condiciones que tiene que reunir una empresa para que puedan darle “el visto bueno” para una licitación, es ser proveedor del Estado; tener al día su registro como distribuidor y cumplir con sus obligaciones tributarias.

En torno al seguimiento, del Río aseveró que cuentan con peritos o supervisores de obras, que deben ser ingenieros o arquitectos y contar con un comité de obras y contrataciones. “Los trabajos presupuestados son aprobados por la Sala Capitular, a través de ese Comité de Compras y Contrataciones”, sostuvó.

Debilidad

Pero a pesar de las versiones oficiales en torno al tema y la “transparencia” en las licitaciones, la Junta Municipal Verón-Punta Cana carece de herramientas comunicacionales propias que coadyuven al cumplimiento de lo establecido con la Ley 340 sobre Compras y Licitaciones.

En este sentido, este texto en su artículo 54 refiere que “la convocatoria se realizará a través de los medios de amplia difusión nacional, y si la licitación es internacional se utilizará un medio conocido internacionalmente, por lo menos en tres publicaciones continuas, o máximo dentro de un período de diez días; el Órgano Rector de la Contratación y Concesiones divulgará la convocatoria en la página web”.

A pesar de que la Junta Municipal ha publicado parte de las obras que actualmente desarrolla en el distrito municipal, no cumple con la disposición de hacer pública estas ofertas de licitación en los medios de comunicación social de alcance nacional ni locales. Tampoco tiene un instrumento de divulgación masiva que permita al público saber los términos en que se realizaron estos contratos, y las empresas beneficiadas con licitaciones convocadas por la Junta Municipal.