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Aumenta presión internacional por disturbios en Nicaragua

Escrito por Fuente Externa redaccion@editorabavaro.com.

Las protestas en la nación centroamericana han dejado un saldo de 300 muertos.

Managua. La Unión Europea le pide poner fin a la violencia y represión, mientras que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) pide elecciones libres. La ONU, por su parte, alerta sobre ley que criminaliza la protesta.

La alta representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Federica Mogherini, urgió a Nicaragua a “poner fin inmediato” a la violencia, la represión y las detenciones arbitrarias y a respetar las libertades fundamentales.

Mogherini informó en un comunicado de que ha escrito al ministro de Exteriores nicaragüense, Denis Moncada, “a la luz del deterioro de la situación en el país”.

Esta declaración de Mogherini se produce mientras están reunidos en Bruselas los cancilleres de la UE y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que en su declaración conjunta no hicieron mención a la situación en el país centroamericano. Mogherini enfatizó a su colega nicaragüense que la UE “espera un fin inmediato de la violencia, la represión y las detenciones arbitrarias y que se respeten las libertades fundamentales”.

La política italiana expresó igualmente sus condolencias por todas las víctimas de la violencia y pidió que sus responsables sean llevados ante la justicia y, los grupos armados irregulares, “desmantelados”.

Ante la decisión de todos los participantes en el diálogo nacional de invitar a organizaciones internacionales, incluida la UE, de asistir al proceso, Mogherini confirmó la disposición de la Unión para “acompañar y apoyar el proceso”, en particular a la comisión sobre democratización y asuntos electorales. Todo ello de cara a “las reformas necesarias y un proceso electoral completamente democrático y oportuno”.

Mientras tanto, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció este martes que la Ley sobre terrorismo, aprobada recientemente por el Parlamento de Nicaragua, pueda usarse para criminalizar la protesta pacífica.

“El texto es muy vago y permite una amplia interpretación que podría provocar que se incluyera (en la definición de terrorista) a personas que simplemente están ejerciendo su derecho a la protesta”, afirmó en una rueda de prensa el portavoz de la Oficina, Rupert Colville.

La Ley contra el Lavado de Activos, la Financiación al Terrorismo y a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva fue aprobada el pasado lunes e impone una pena de entre 15 a 20 años de prisión por el delito de “terrorismo”.

Colville puntualizó, además, que la ley fue aprobada por un Congreso “casi totalmente controlado por el gobierno”.