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Grupo empresarial de capital venezolano está siendo investigado por lavado de activos

Escrito por REDACCIÓN BÁVARONEWS.

Grupo empresarial de capital venezolano está siendo investigado por lavado de activos

Verón. Un importante grupo empresarial de capital venezolano, establecido en la zona turística, está siendo investigado por presunto lavado de activos, por lo que fue formalmente notificado mediante acto de alguacil para que comparezca el próximo 23 de mayo, a las 9:00 de la mañana, ante el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Altagracia, con sede en Higüey.

Los demandantes son los señores Claudio Antonio González Rojas y Fabricio Saputelli Michetti, ambos de nacionalidad venezolana, domiciliados en Bávaro, quienes tienen como abogado apoderado especial al señor Francisco Álvarez Aquino.

Conforme al Acto Introductivo de Instancia Judicial Denuncia Internacional, al cual tuvo acceso BávaroNews, ese grupo empresarial estaría involucrado en “la comisión de múltiples actos de corrupción contra la República Bolivariana de Venezuela, lavado de activos, distracción de fondos sociales por miles de millones de dólares”.

El documento, según consta en uno de sus párrafos, será remitido al presidente de la República, Danilo Medina Sánchez; los ministerios de Relaciones Exteriores, Interior y Policía, la Dirección General de Migración y la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.

Asimismo, a la Organización de Estados Americanos (OEA), Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial, diversas entidades bancarias comerciales de la República Dominicana, cadenas hoteleras, la Junta Municipal Verón-Punta Cana y la Cámara de Comercio y Producción de la provincia La Altagracia.

Además, al embajador de Venezuela en el país, Ali Uzcátegui, a la República Bolivariana de Venezuela, al fiscal general de esa nación, Tarek William Saab, a la Internacional Revenue Service (IRS) en la Florida, EEUU; Movimiento Cívico Participación Ciudadana y Transparencia Internacional.

Según los demandantes, “solicitan la condena al grupo empresarial al pago de 6 millones de dólares norteamericanos, en provecho de los demandantes, a modo de resarcimiento de los daños y perjuicios”.

De acuerdo al Acto Introductivo de Instancia Judicial Denuncia Internacional, las supuestas acciones fraudulentas atribuidas al grupo empresarial cuestionarían “la credibilidad de los organismos, sistema financiero, el comercio nacional, por lo tanto el país quedaría envuelto en una tela de dudas que lo exponen, incluso, a conflictos internacionales innecesarios”.