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Ya fuera de terrenos que ocupaban, cientos de familias quedan ahora abandonadas a su suerte

Escrito por Génesis Pache / Julio González / Ilquis Alcántara.

Más de cien familias quedaron sin hogar y con la incertidumbre de no saber dónde pasaran las noches a partir de ese momento.

Bávaro. A las 6:00 de la mañana del pasado martes, cientos de familias despertaron con el sonido de tractores y palas mecánicas destruyendo lo que hasta ese momento tenían como sus casas.

Este fue el drama que vivieron los habitantes del asentamiento Cazabar, construido a orillas del Boulevard Turístico.

Más de cien familias quedaron sin un techo donde vivir y con la incertidumbre de no saber dónde pasaran las noches a partir del día en que fueron desalojados. Estas casuchas improvisadas habían sido construidas con zinc y tablas, en unos terrenos que no pertenecían a quienes vivían allí. 

En el lugar se podían ver colchones, taques de gas, mesas y otros enseres regados por dondequiera. Varios camiones volteos estaban allí para cargar los trastes de los desalojados, mientras decenas de niños lloraban recostados a orillas de las paredes de block que daban entrada al asentamiento.

Polonia Puello Montero, una de las desalojadas, dijo que cuando ellos llegaron a esos terrenos eso era un monte y que los postes de luz los colocaron ellos mismos, con su dinero. Lo mismo que las instalaciones de agua y todos los demás servicios. 

“El dueño ese es un abusador, porque el podía venir y decir: ‘señores, le doy un mes o dos meses para que se muden’, porque mira esta situación así. Rompieron todo con nosotros adentro; el tractor se metió; eso fue como a las 6:00 de la mañana”, narró Puello.   

También contó que “vinieron los policías y después de que nos rebuscaron nos dijeron, ‘salgan, que eso se lo van a desbaratar’. Yo creo que no somos perros”. 

Puello reconoció que las tierras no les pertenecen, pero que debieron darles tiempo para sacar sus trastes. Dijo que ya el dueño de los terrenos había ido al lugar y que habían sido avisados, pero que ella por su trabajo nunca participó de las reuniones convocadas para esos fines. 

Jummeriry Acevedo, otra residente desalojada, dijo que “yo encuentro que en verdad la situación es un poco difícil, porque hay personas que ni saben para dónde van a irse, pero aquí dieron 15 días en un papel firmado. Ellos vinieron el día 12 o 13, algo así, y dijeron que venían a desalojar para el 27”.

Señaló que “15 días para una persona buscar dónde meterse y tantas personas como habían aquí, que eran como casi 200 casitas, todas de cinc, no van a encontrar dónde meterse rápido, pero lo avisaron. Fue con un papel firmado y vino un aguacil a regar el papel, y el asentamiento del fiscal estaba en El Seibo y en Higüey, firmada”.

Allí también vivían unas 15 familias dominicanas que igual fueron sacadas a la fuerza.

Acevedo dijo que hizo su mudanza desde que supo del documento que autorizaba el desalojo, hace varios días. Indicó que envió a su niña para el lugar donde alquiló. 

La mayoría de los desalojados no sabe cuál será su suerte en lo adelante, con el agravante de que muchos cabezas de familia no están trabajando actualmente. 

Ivenrt Celestino dijo que fue notificado del desalojo por el dueño del solar, desde hace unas tres semanas, aproximadamente. “Yo estoy aquí desde el 2008, con la casita que empecé a construir. Yo cuidaba todo esto por aquí, y no es justo la manera cómo nos están sacando”, cuestionó Celestino.

Agregó que están evaluando algún lugar dónde establecerse nuevamente, y que no genere problemas con las autoridades. “Nosotros ahora le pedimos ayuda a ellos para que nos garanticen un sitio donde podamos quedarnos a vivir. Nos sacaron, pero no nos ofrecen alguna solución para quedarnos con nuestros niños, que son los que más nos preocupan”, aseguró.

VERSIÓN DE LAS AUTORIDADES 

La Dirección General de Migración (DGM), retuvo unos 100 nacionales haitianos, a quienes se les revisarán sus documentos, a los fines de determinar su estatus migratorio y legalidad en territorio dominicanoHace aproximadamente un mes, el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Francisco Domínguez Brito, dijo que se le daría un plazo de 15 días a ese asentamiento para desalojarlo. Pero según informaciones obtenidas por este medio, el desalojo no se produjo a raíz de esta medida ni autorizado por esta dependencia estatal, sino que se debió a la denuncia hecha por el dueño de los terrenos ante el Ministerio Publico y que fue ejecutado por la Oficina del Abogado del Estado. 

Ramiro Melo, director provincial del Ministerio del Medio Ambiente en La Altagracia, señaló que este desalojo no forma parte de las actuaciones de ese despacho ministerial.

“Esto corresponde es al Ministerio Público y al abogado del Estado. Eso es un desalojo de una propiedad privada. Nosotros, como Ministerio de Medio Ambiente, no cumplimos ninguna función en este desalojo”, acotó Melo.

Justo Núñez Pillier, adjunto del abogado del Estado para la región Este, manifestó que el desalojo se efectuó porque la Constitución dominicana es garante de la propiedad y del derecho, y que como encargado de la Oficina del Abogado del Estado, cuando un ciudadano denuncia ante ellos, realizan el procedimiento legal. 

Núñez precisó que les comunicaron a los ocupantes que debían entregar de manera voluntaria el inmueble que estaban ocupando, y que de lo contrario procederían a sacarlos de manera compulsiva, tal como ocurrió. 

Según Núñez, a los ocupantes de terrenos privados generalmente se les da un plazo de 15 días, pero que ya a este asentamiento se le habían dado dos meses. Aseguró que se reunieron con ellos dos veces. 

Dijo que desconoce la medida tomada por Medio Ambiente, y reiteró que el desalojo se hizo a solicitud de los propietarios del terreno. Núñez explicó que los terrenos pertenecen a la compañía Dicemar, propiedad del señor Pascual Artiles. Aseguró que ellos como autoridades no van a reubicar a nadie, porque esas personas estaban ocupando un terreno ajeno. 

Este operativo de desalojo contó la actuación de la Dirección General de Migración (DGM), quienes retuvieron a unos 100 nacionales haitianos. A esos extranjeros se les revisarán sus documentos, a los fines de determinar su estatus migratorio en territorio dominicano.

Bienvenido Santana, encargado de la DGI en la provincia La Altagracia, informó que si estos haitianos cumplen con lo establecido en la ley sobre su permanencia en el país, serán devueltos con sus derechos plenamente garantizados. También participaron efectivos policiales, del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y del Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa).