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Cobro de arbitrios revive conflicto entre cabildos de Higüey y Verón-Punta Cana

Escrito por Melvin Mingó / Romayra Morla redaccion@editorabavaro.com.

Verón. La luna de miel ha terminado entre las alcaldías de Verón-Punta Cana e Higüey. Es lo que se puede apreciar tras los más recientes episodios de confrontación, derivados de la discusión sobre a cuál le corresponde el cobro de arbitrios que se generan en esta demarcación turística.

Esta pugna ha generado la incertidumbre entre inversionistas de proyectos en la zona turística, ya que si algún constructor paga uno de los arbitrios en Verón, el Ayuntamiento de Higüey no quiere reconocer dicho pago y por consiguiente no emite los permisos correspondientes para el desarrollo de proyectos.

La problemática vuelve reunir en un mismo escenario a la alcaldesa del municipio, Karina Aristy, y al director municipal de Verón-Punta Cana, Ramón (Manolito) Ramírez. Pero esta vez no como aliados políticos, sino como ediles con posiciones encontradas sobre el manejo de los recursos económicos que se generan en el distrito turístico por concepto del cobro de impuestos municipales.

El asunto parece complejo. Cada uno esgrime argumentos disímiles y defiende lo que asumen con razones y fundamentos. Pero lo cierto es que la facultad para cobrar los arbitrios en ambas demarcaciones está legal e incluso constitucionalmente definida. Y en esta contienda jurisdiccional el Ayuntamiento de Higüey sale altamente ganancioso. 

Esta es la historia. Precisamente librando esta misma batalla, sobre a quién le corresponde cobrar los arbitrios en el distrito turístico que más dinero genera en todo el país, el anterior director municipal, Radhamés Carpio Castillo, logró que el caso llegara hasta el Tribunal Constitucional.

Y fue en esta instancia donde, mediante la sentencia número TC/0152/13, en referencia al expediente TC-03- 2012-0002, relativo al Conflicto de Competencia entre el Director de la Junta del Distrito Municipal Verón-Punta Cana y el Ayuntamiento Municipal Salvaleón de Higüey, se determinó de forma irrevocable cuál es la entidad edilicia que realmente tiene derecho a cobrar los arbitrios en el distrito turístico.

Fue así como, el 23 de octubre del 2012, el Tribunal Constitucional estableció mediante sentencia que “el Distrito Municipal de Verón-Punta Cana es un órgano desconcentrado del municipio Salvaleón de Higüey, y por tanto carece de competencia para crear una Oficina de Planeamiento Urbano y la concesión de permiso para la construcción, demolición y uso de suelo en su demarcación territorial, así como para la creación de arbitrios de cualquier naturaleza, sin previa autorización del Concejo de Regidores del Ayuntamiento de Salvaleón de Higüey, por ser este el órgano con facultad normativa y reglamentaria, conforme a las previsiones de la Constitución y las leyes número 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios, y 6232-63, sobre Planificación Urbana”.

La encargada del Departamento de Planeamiento Urbano del Ayuntamiento de Higüey, Luisa Villavicencio, dejó claro que es ese cabildo el que tiene facultad para cobrar arbitrios en los distritos municipales.

Las sentencias del Tribunal Constitucional tienen carácter irrevocable. Es decir, que el contenido de las mismas no se puede apelar ante ninguna otra instancia. En su momento, Carpio Castillo quiso presentar como inconstitucional lo establecido en artículo 82 de la Ley 176-07, que de igual forma no deja dudas sobre la potestad para el cobro de los arbitrios municipales.

Karina Aristy, alcaldesa del municipioSin embargo, los argumentos del ex director municipal también fueron rechazados por el Tribunal Constitucional, que estableció que la citada ley no entra en contradicción con lo referido por la Carta Magna en cuanto a la facultad y procedimientos para el cobro de impuestos municipales.

El artículo 82 de la Ley 176-07 de no deja espacio para dudas al respecto, porque plantea que los directores y vocales de los distritos municipales tienen, limitado a su demarcación territorial, las mismas atribuciones que los alcaldes y regidores del municipio al pertenecen.

Pero advierte que con las siguientes excepciones: realizar empréstitos; apropiar y enajenar bajo cualquier forma bienes municipales sin importar su naturaleza; la creación de arbitrios de cualquier naturaleza y autorizar el inicio de contrataciones en lo referente a licitaciones y concesiones de conformidad con ley que regula la materia.

Esta ley deja bien claro que ninguna de estas acciones pueden ser realizadas por los distritos municipales, sin previa autorización del concejo municipal dirigido por el municipio cabecera, que en este caso es Higüey. 

Todo lo antes citado representa una luz que ilumina la confusión de inversionistas y desarrolladores de proyectos que en la zona turística buscan respuesta a una pregunta que resume la esencia de este conflicto: ¿Dónde debo pagar los arbitrios?  

RAMÍREZ INSISTE: “VERÓN NECISITA MÁS” 

Al margen de lo que se establece por el Tribunal Constitucional, Ramírez tiene un punto de vista que más bien parece echarle más leña al fuego. “Yo sugiero a todos los inversionistas que se acerquen a la alcaldía de Verón-Punta Cana, que es su alcaldía; es quién los va a representar. Es donde él (el inversionista) va a ir a exigir cuando tenga algún problema; es a quien le va a exigir que le recoja la basura y quien le va a dar la cara cuando tenga un problema en su obra; no va ser Higüey, sino la alcaldía de Verón, que es quien él va a dar siempre el servicio”, expuso Ramírez.

Dijo que está consciente de que esta sentencia del Tribunal Constitucional puso fin a cualquier interpretación particular que se pueda hacer sobre esta cuestión, pero da marcha a atrás en su postura. “Ese ha sido siempre mi discurso, desde que estuve en campaña (política); en todas las intervenciones que tuve, siempre dije que Verón necesita más”, indicó Ramírez

Actualmente, el Distrito Municipal Verón-Punta Cana se beneficia de un acuerdo de mancomunidad que sirvió de salida salomónica a este conflicto de años, aunque sin negociar que sea Higüey que cobre los arbitrios. Se trata del denominado pacto municipal conocido como “50-

50”, que distribuye los beneficios del cobro de arbitrios en partes iguales, para Higüey y Verón-Punta Cana.

Este acuerdo plantea la distribución en la misma proporción de los recursos generados por emisión de permisos para las construcciones y uso de suelo, y del 3% que paga el Consorcio Energético Punta Cana-Macao (CEPM).

LO QUE DICE CHIRENO

El ingeniero Rafael Chireno, miembro de la Junta de Vocales de la Junta Municipal Verón-Punta Cana, y ex presidente de Asociación de Desarrolladores y Constructores de la provincia La Altagracia (Adecla), dice que hay una sola oficina donde llevar los pagos de arbitrios, que es el Ayuntamiento de Higüey.

“Hay una sentencia del Tribunal Constitucional que dio ganancia de causa al Ayuntamiento de Higüey, diciendo que este Distrito Municipal no tiene la potestad de cobro, sino el municipio, y que ya se rijan por un acuerdo de mancomunidad entre ambos”, explica Chireno.

Enfatizó que la sentencia obliga a que los pagos se hagan en Higüey y no en la Junta Distrital de Verón. “El Ayuntamiento de Higüey está obligado a decirle a todo munícipe que va a pagar un arbitrio, que tiene que hacer dos cheques: Un cheque a nombre del Ayuntamiento de Higüey y otro cheque a nombre de la Junta Distrital. Entonces, el cheque de Verón lo envían”, detalló el vocal, refiriéndose a lo establecido por el acuerdo de mancomunidad.

La sentencia TC0152-13 establece que el Distrito Municipal de Verón Punta Cana carece de competencia para crear arbitrios de cualquier naturaleza. 

Continuó explicando que “en ningún ministerio del Estado van a aprobar o a sellar los planos de los inversionistas que paguen en Verón, porque no se reconoce el sello de Verón, dado a que en la Junta Municipal lo que hay es una dirección técnica; no un Departamento de Planeamiento Urbano”.

Rafael Chireno finalizó diciendo que lo único que puede cambiar esa situación es que Verón-Punta Cana sea elevado a municipio o que se revoque la sentencia del Tribunal Constitucional. Y esto último es prácticamente imposible.

AYUNTAMIENTO DE HIGÜEYDEFIENDE POTESTAD 

La encargada del Departamento de Planeamiento Urbano del Ayuntamiento de Higüey, Luisa Villavicencio, también dejó claro que es ese cabildo el que tiene facultad para cobrar los arbitrios en los distritos municipales, exceptuando a Bayahibe. 

Hablando en nombre de la alcaldesa de Higüey, Karina Aristy, la señora Villavicencio recordó que conforme la ley son los municipios los que tienen departamentos de Planeamiento Urbano, organismos responsables del cobro de los impuestos municipales por el uso de suelo. 

Asimismo, hizo referencia al fallo de la sentencia TC0152-13, de octubre del 2012, sobre el conflicto entre el ex director de la Junta Distrital de Verón Punta Cana y el cabildo de Higüey, en el cual se determinó que el Distrito Municipal de Verón Punta Cana “carece de competencia para la concesión de permisos para la construcción, uso de suelo en su demarcación territorial, así como para crear arbitrios de cualquier naturaleza”.   

Además, expresó que “en los diferentes distritos municipales hay oficinas técnicas, donde se recopila la información, se toman los proyectos, y luego son enviados al cabildo de Higüey, se registran con un código y se evalúan”.

Con relación a Verón-Punta Cana, Villavicencio agregó que los proyectos se tramitan basado en el acuerdo que se hizo entre este distrito y el Ayuntamiento de Higüey, en el cual se determinó que los arbitrios generados en ese territorio son divididos en un 50% entre ambas instituciones. 

“La diferencia de la tramitación es de 3 mil pesos, que es el costo actual. Como ellos no tienen el clasificado de tramitación, porque no tienen Planeamiento  Urbano, esos tres mil pesos se quedan aquí”.  

Al referirse al proceso de los permisos para los proyectos, dijo que a los interesados se les solicita título de propiedad o una venta debidamente registrada, plano catastral, dependiendo donde se ubiquen, y si es posible que lo depositen en formato digital (para ganar tiempo), y los planos arquitectónicos. 

También se hace una evaluación donde se les especifica la Ley de Tránsito y los linderos del proyecto. Luego, se cobran los arbitrios. Villavicencio explica que este proceso no tarda más de 15 días.  

En tanto que, el porciento del cobro de los arbitrios es de un 5% del valor del suelo de la tasa aplicada. Es decir, que no se tasa por el valor del mercado. Dijo que esto último se acordó en la gestión pasada, conjuntamente con la Asociación de Desarrolladores y Constructores de la Provincia La Altagracia (Adecla). 

El director municipal de Verón Punta-Cana invitó a los inversionistas a acercarse a esa entidad edilicia, porque entiende que es la que al final de cuentas los va a representar.